MENSAJE NRO. USHUAIA, SEÑORA VICEPRESIDENTE 1ª. Me dirijo a Ud. con el objeto de elevar para su tratamiento y posterior aprobación, el presente Proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos, Recursos y Financiamiento de la Administración Provincial para el ejercicio 2006. Como fuera un compromiso de esta gestión al asumir, cumplimos en remitir un proyecto reformulado del que fuera enviado para su tratamiento anterior, dentro de los primeros meses de este año, considerando el conjunto de reformas y políticas que hemos diseñado para recuperar el equilibrio presupuestario y la estabilidad financiera en nuestra Provincia luego de dos años de una gestión plagada de desaciertos y desencuentros políticos que terminaron en el caos institucional y el despilfarro de los recursos. Hoy nos toca, luego de este proceso donde desde la actitud responsable de nuestra dirigencia política y la vigencia plena de las instituciones se decidió resolver esta crisis, aplicando el instrumento del Juicio Político como herramienta fundamental del ejercicio de los principios democráticos que prevé nuestra Constitución Provincial, recuperar el camino hacia la normalización institucional en la búsqueda del consenso para las grandes decisiones del Gobierno. En ese marco, hemos procedido a la reformulación del Presupuesto Provincial, procurando incluir en él los contenidos sociales y las herramientas financieras, necesarias para recomponer las finanzas públicas y distribuir el gasto público a partir de criterios de austeridad, equidad y compromiso con nuestra sociedad. En dicho proyecto, se han expuesto con la mayor amplitud posible, las cifras que expresan la realidad económica y financiera de la Provincia, otorgándole el máximo de transparencia y detalle, de manera de poder evaluar cada uno de los problemas en los que debemos asistir con la mayor responsabilidad y celeridad. Al momento de asumir, a fines de octubre del año pasado, nos encontramos con una Administración que no podía pagar los haberes del personal de la Administración, que no había contemplado las reservas financieras para abonar el aguinaldo ni las cargas sociales, que arrojaba una deuda previsional por incumplimiento en el pago de aportes y retenciones por más de $ 18 millones, y una deuda con proveedores y contratistas que superaba la cifra de $ 85 millones. La administración se encontraba en virtual cesación de pagos, con atrasos en la cancelación de las obligaciones más emergentes de más de 9 meses, suspendida la cadena de insumos y servicios, con reclamos judiciales por incumplimiento de compromisos financieros, deuda con los Municipios, las Universidades, los establecimientos educativos, y peor aún, adoptando medidas de fuerte incidencia financiera sin respaldo, como fueron los aumentos salariales otorgados a sectores como el educativo, la salud y la administración general. En ese mismo contexto, se había resuelto una incorporación masiva de personal en casi 4.000 agentes nuevos, sin evaluar la incidencia financiera ni presupuestaria, violentando todas las normas que dicta la prudencia y los procedimientos para el ingreso adecuado de personal en la función pública. Este estado de convulsión y desorden, se encontró reflejada en la pésima relación del Gobierno con las demás instituciones, como el Poder Legislativo, los Municipios y las demás reparticiones del Estado, impidiendo el crecimiento armónico de la economía, la inversión y el desarrollo productivo, frente al clima de agresión y esquizofrenia oficial incomprensible en la actitud de las máximas autoridades del Estado Provincial. Un presupuesto objetado judicialmente, luego ratificado con severos reparos técnicos y gruesos errores de clasificación y distribución, dieron el marco a la más lamentable experiencia que ha sufrido la Provincia en materia de administración financiera. El descontrol financiero y la obstinada reticencia a cumplir con las normas legales de contratación y administración, derivó en los más grotescos manejos de las finanzas, aplicando métodos que hoy se ventilan en los juzgados provinciales denostando el manejo inescrupuloso y corrupto de la gestión saliente. Estas técnicas, sumadas a la continua renuncia y reemplazo de funcionarios, paralizaron la gestión, la que solamente se dedicó a combatir supuestas conspiraciones y desestabilizaciones, que no eran otra cosa que el propio imaginario de una mente perdida en la paranoia de quién se demostró incapaz de gobernar los destinos de una Provincia. Frente a este panorama, se procedió a recomponer inmediatamente las vías institucionales del diálogo con las instituciones, la coordinación de acciones del Gobierno con los entes Municipales y los demás Poderes, recuperando rápidamente el orden público y la confianza en el Gobierno. A partir de este hecho, se encaró una fuerte reforma de la estructura política del Estado Provincial, que se había sobredimensionado en más de 400 cargos políticos y en gastos que no resultaban útiles ni productivos a una sociedad que demandaba entre otras cosas, un buen funcionamiento de la salud, el reequipamiento de los colegios, la dotación de insumos y la vuelta al clima de inversión y armonía social que nunca se debió abandonar. A pesar de las limitantes financieras, del momento crucial que se vivió frente a la ausencia de recursos disponibles para atender el pago de salarios, implementamos un conjunto de medidas de la coyuntura, las que afortunadamente contaron con el apoyo de esa Cámara Legislativa, sin cuya cooperación y grado de compresión, hubiese sido imposible resolver cuestiones que hubieran derivado en graves problemas sociales. Fue así que se cumplió con todos los compromisos salariales y laborales, no solamente en la regularidad del pago, sino también en lo que respecta al cumplimiento de acuerdos y convenios de recuperación salarial con diversos sectores de la Administración, como fue el caso del personal Docente con una inversión de más de $ 36 millones al año, el aumento al sector de Seguridad en la suma de $ 12 millones, el sector de Enfermeros, Auxiliares y Profesionales de la Salud en más de $ 5 millones, y a los empleados de ingresos más rezagados de la Administración, el Escalafón General, cuyo aumento implica una inversión anual de más de $ 15 millones. Estas medidas, vinieron a dar tranquilidad a los sectores involucrados, pudiendo definir a principios del ejercicio, las políticas que en materia salarial quedan definidas para todo el año 2006. Resultaba prioritario, proceder a una profunda evaluación del proceso de designación de agentes incorporados en forma desordenada y sin previsión financiera. Fue así que se analizaron cada uno de los casos, dando de baja aquellos que no cumplían con los requisitos básicos para su ingreso a la Administración Provincial, y restituyendo en sus funciones aquellos que contaban con una designación y desempeño satisfactorio. Este análisis, imprescindible desde el punto de vista jurídico y formal, se tornó conflictivo frente a la fuerte demanda gremial y particular de los interesados, pero se sostuvo en los criterios del respeto y la responsabilidad de los funcionarios a cargo de esta difícil tarea. Lo propio se ha realizado con los beneficiarios de planes de empleo, donde se han detectado severas irregularidades, procediendo a la anulación de los beneficios y su respectiva reasignación bajo estrictos criterios profesionales y de evaluación. Las medidas adoptadas desde el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas para ordenar las cuentas públicas, y fundamentalmente priorizar los pagos, permitió reestablecer la provisión de insumos a las áreas críticas del Gobierno, Hospitales, Centros Asistenciales, Policía Provincial, Comedores Sociales y Escolares. Fue así que se abonaron más de $ 35 millones en concepto de proveedores y contratistas, así como se cancelaron las deudas con los colegios de gestión privada, los retrasos de coparticipación a los Municipios, los aportes y subsidios a las Universidades con asiento en la Provincia, las derivaciones sanitarias, los centros de atención médica y hoteles que atienden las urgencias y evacuaciones en otros lugares del país, los proveedores de farmacia, alimentos, combustibles y demás servicios esenciales de la Administración. Con relación a la obra pública, se realizó un minucioso relevamiento de las deudas confrontándolas con la real ejecución de los trabajos, y ello determinó un gran fraude hacia el Estado Provincial, realizando las respectivas denuncias en la Justicia las que vienen arrojando resultados que confirman las sospechas de hechos delictivos y de alta corrupción de la gestión saliente. Pese a ello, se logró normalizar el área, la que se encontraba viciada de manejos inescrupulosos y autoritarios, recuperando la confianza del personal, el orden administrativo y la generación de nuevos proyectos necesarios para atender una coyuntura verdaderamente complicada frente a los serios problemas de infraestructura y mantenimiento de edificios escolares. Merced al tratamiento legislativo para brindar respuesta a dicha coyuntura, lo que permitió otorgarle recursos financieros a nuevas obras que se encuentran en la etapa de licitación y adjudicación por más de $ 12 millones, así como a la urgencia en resolver los problemas más urgentes en materia de refacción y adecuación de establecimientos educativos, se salió a brindar este servicio que aunque falto en tiempo, logró cumplir el objetivo de iniciar el ciclo lectivo con casi un 80% de normalidad. Obviamente, la cuota de ansiedad que se reflejó en dicho momento, dio lugar a algunas actitudes especulativas y otras, plenamente justificadas, que estamos resolviendo. En dicha oportunidad, se contó con el auxilio financiero por generación de economías, logrando una inversión superior a los $ 5 millones que fueron afectados a las reparaciones y refacciones que fueron ejecutadas para atender este serio problema que data de muchos años de abandono y desidia. Con respecto a la deuda financiera, que como se sabe se arrastra de varias gestiones, la falta de seguimiento y apatía oficial, produjo un hecho que afortunadamente pudimos resolver evitando lo que se hubiera convertido en una verdadera catástrofe. Se trata del segundo tramo del proceso de canje de la deuda, cuyo trámite fue abandonado, con lo que se convertían en exigibles cerca de $ 35 millones, que hubieran sido descontados de una sola vez en los fondos de coparticipación federal. La rápida intervención permitió resolver con el Ministerio de Economía de la Nación este problema, suscribiendo el correspondiente acuerdo que se encuentra en proceso de ratificación por parte de esa Legislatura, Con el fin de mejorar el perfil de recursos, y retomando nuestra decisión de ejercer un fuerte control fiscal, intimamos con todas las herramientas que nos otorga la Ley y el poder de policía, a las empresas que mantienen deudas tributarias con la Provincia. En el mes de enero, logramos cobrar una deuda de impuestos atrasados por más de $ 4,5 millones, afianzar legalmente los conceptos de multas e intereses punitorios, y arribar a un acuerdo preliminar de pago de un anticipo de $ 15 millones del sector petrolero contra una deuda histórica que asciende a $ 43,3 millones, la que se encontrará cancelada en su integridad dentro de los 120 días. Este acuerdo, no solamente permite recuperar financieramente al Tesoro de la Provincia, hoy exigido en la necesidad de cubrir déficits estacionales de caja producto del fuerte incremento del gasto público que se generó en la gestión destituída, sino que resuelve un antiguo conflicto con el sector, restableciendo el clima de inversiones y el buen comportamiento fiscal. En ese sentido, hemos logrado el pago de deudas en concepto de regalías de combustibles mal liquidadas por cerca de $ 2 millones de pesos y nos encontramos en el proceso de acordar la cancelación definitiva de más de $ 4 millones en concepto de diferencias de tipo de cambio en la exportación de gas a terceros países. Esta gestión, que ha demandado un enorme esfuerzo por parte de la autoridades del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la Provincia, la Dirección General de Rentas y la Fiscalía de Estado, refleja el compromiso y el grado de responsabilidad asumido para componer las finanzas públicas y recuperar el respeto de la sociedad que aprecia la firme decisión de defender los recursos fiscales y financieros de la Provincia. En el mismo orden, hemos iniciado una ronda de conversaciones y la suscripción de acuerdos de cooperación e intercambio de información, con las empresas radicadas en nuestra Provincia que tienen interés en invertir en exploración de los recursos hidrocarburíferos, cuyas áreas la Provincia someterá a licitación pública nacional e internacional. Este interés no solamente se vincula con las expectativas y condiciones favorables del mercado, si no que también no hubieran sido manifiestas en los momentos de crisis institucional y riña política que caracterizó la gestión anterior. Dichos proyectos producirán un verdadero fenómeno de inversiones, en las tareas de exploración inicialmente y luego en las de explotación, logrando mayores recursos financieros por la vía de regalías e ingresos tributarios, así como la ocupación de mucha mano de obra en la tareas de instalación, montaje, y movilización de equipos como en la futura etapa de producción. Estas áreas se encuentran en dominio de nuestra Administración, con lo que se podrán lograr nuevos acuerdos o bien la constitución de empresas mixtas o sociedades con el Estado, logrando una mayor renta del recurso. No descartamos, al contrario, nos encontramos abocados a promover la constitución de un fideicomiso de inversiones con el Gobierno Nacional, integrando activos y recursos, que permitan obtener el reconocimiento y la inversión de los fondos que el Estado Nacional recauda en concepto de regalías de yacimientos "costa afuera". Esta herramienta financiera, clave para el desarrollo que necesita Tierra del Fuego, permitirá brindar recursos a la construcción de obras de infraestructura o bien a la radicación de industrias asociadas a la actividad petroquímica, que hagan rendir a nuestros recursos no renovables mayores ingresos financieros, y lograr crea un polo de desarrollo de una de las actividades estratégicas para nuestra economía del futuro. En la misma materia, y frente a la crisis que se avecina por la falta de suministro de gas en nuestra Provincia, salimos a dar urgente resolución a este problema que otros dejaron estar. Coordinamos con el Gobierno Nacional en una gestión que se habían abandonado, la constitución de un fideicomiso financiero en el que hemos aportado $ 7 millones desde la Provincia y el Banco de Tierra del Fuego, para comenzar con esta obra fundamental que resolverá el problema que paraliza la inversión, el crecimiento urbano y habitacional, deteriorando la calidad de vida de nuestros habitantes y el desarrollo productivo. Con el mismo espíritu, llevamos adelante una gestión para obtener un cupo mayor en la asignación de recursos del Plan Federal de Viviendas, obteniendo una asignación de $ 120,6 millones, que implica la construcción en este año de más de 1.550 viviendas, centros comunitarios, pavimentación y tendido de servicios. Esta mayor distribución del recurso federal, privilegia a Tierra del Fuego merced a su problemática habitacional y crecimiento vegetativo de su población. Nadie puede desconocer esta realidad que debe ser atendida en forma urgente y en la magnitud que representa. Acompañando este proceso de desarrollo, es que contamos para este año con una inversión cercana a los $ 17 millones en la red caminera y vial de nuestra Provincia. Estas obras no solamente permiten el mejor tránsito y comunicación de nuestras ciudades, sino que acompañan el desarrollo productivo y turístico de la Provincia, aportándole a la zona rural, la red caminera que une los yacimientos petroleros, los establecimientos de extracción y producción forestal y centros turísticos o de esparcimiento, las vías de comunicación necesarias para normal funcionamiento y consolidación de estas actividades productivas. En lo que hace a la infraestructura eléctrica y redes de distribución, este año encararemos no solamente toda una obra de nuevas redes y tendidos, sino que abordaremos con seriedad y responsabilidad las inversiones necesarias para una mayor generación de energía eléctrica en la Provincia. Es así que hemos previsto continuar con la Obra de Interconexión Ushuaia Río Grande, el Sistema de Generación de 33 Kw para la Ciudad de Ushuaia, línea de media tensión Rancho Hambre ­ Ushuaia ­ 2da. etapa, Línea de Iluminación de la Doble Mano de la Avda. Maipú, la renovación de la línea de baja tensión e iluminación de la Avda. San Martín y demás obras de redes eléctricas y plantas de transformación en distintos barrios de nuestras ciudades, como el de Chacra XIII en Río Grande, obras que en total superan una inversión de casi $ 21 millones. De tal modo, y teniendo en cuenta la evolución de los costos después de la salida de la convertibilidad que ha llevado a triplicar la mayor parte de los insumos y repuestos que se utilizan no sólo en la etapa de generación sino también en la de distribución, así como el deterioro propio de un incipiente proceso inflacionario, nos obliga a corregir el marco tarifario de manera de asegurar la calidad y continuidad de este servicio esencial para nuestra comunidad, cuya incidencia en los niveles más populares de la población no resulta considerable. Con respecto al crecimiento de la demanda de servicios portuarios, no sólo por el crecimiento de la actividad turística, sino por la mayor frecuencia de buques de transporte que abastecen la actividad industrial y de mercaderías a nuestras ciudades, es que aplicaremos los recursos financieros que hemos logrado reservar, así como otras fuentes financieras y la inversión privada para dotar al Puerto de Ushuaia de nuevas instalaciones como son la ampliación de la plazoleta de cargas, del sector 4 del muelle y una nueva terminal de cargas que en su conjunto insumirán una inversión de más de $ 5, 5 millones. En materia de infraestructura sanitaria, el crecimiento poblacional que vienen experimentando nuestras ciudades, en especial Ushuaia cuya ejecución se encuentra en el ámbito provincial, la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios tiene prevista la ejecución de las obras con financiamiento propio que agrupan las que hacen al mejoramiento edilicio y fundamentalmente a la construcción y mejora del sistema de potabilización, reserva y distribución. Siguiendo con las obras de tendido de acueductos, es importante destacar la construcción del tramo Azud Cota 176 mts. - 1ra. Etapa en la ciudad de Ushuaia, con financiamiento del Fondo Fiduciario de Infraestructura Provincial por un monto de casi $ 2 millones, y por el ENHOSA obras de construcción de cisternas, redes de agua, mejoramiento de sistemas troncales, construcción de plantas de tratamiento de líquidos cloacales y de red de agua y saneamiento, por un monto de más de $ 9,5 millones. Es este mismo orden, y procurando obtener financiamiento externo o bien la inclusión dentro del plan de inversiones financiado con fondos nacionales, estamos proyectando la ejecución de la Obra Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de la Ciudad de Ushuaia, cuya construcción resulta imperiosa a la hora de resguardar el patrimonio ecológico y la sanidad ambiental de nuestra comunidad. Cabe mencionar los proyectos de inversión que serán ejecutados desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos por un monto de 29,2 millones de pesos los cuales cubrirán la actual necesidad de refacciones y ampliaciones edilicias de instituciones públicas. Asimismo es de destacar la inversión de 12,9 millones de pesos del Ministerio de Educación y de 2,7 millones del Ministerio de Salud. Por otra parte no podemos dejar de citar las obras que llevará adelante la Unidad Ejecutora Provincial que ascienden a 13,2 millones de pesos y tendrán como finalidad la concreción de las licitaciones públicas de los Barrios Cabo Peña, y Kaupen incluida la redeterminación de precios del Barrio Reconquista de la ciudad de Río Grande conjuntamente con las obras de mejoramiento del Barrio Textil de esa misma localidad. En lo que respecta al equipamiento, hemos previsto no solamente las soluciones ya encaradas para recuperar las aeronaves sanitarias de nuestra provincia, de manera de reestablecer el puente aéreo frente a la emergencia médica, sino también hemos asignado en los presupuestos de los Hospitales de nuestra Provincia, importantes sumas que vienen a satisfacer la demanda en equipos de alta tecnología y de inmediata incorporación. Mismo tratamiento le hemos dado a la dotación de bienes y equipos, así como elementos que hacen al servicio, a nuestra Policía Provincial y el Personal de Penitenciaría. Como se sabe, estas reparticiones no han tenido en los últimos años renovación de elementos, uniformes, armamento, equipos de comunicaciones, ni unidades móviles, cuyo mantenimiento en este último caso, resulta antieconómico debido al componente de elementos importados y unidades en mal estado de conservación. Es por ello, que hemos previsto realizar una inversión con financiamiento específico que permita amortizar su adquisición en varios ejercicios, dotando a la fuerza de elementos y equipos imprescindibles para el mejoramiento del servicio. Mismo criterio, pero esta vez orientado a la Educación, durante más de 6 años no se ha procedido a recuperar, renovar y ampliar el equipamiento escolar. Estos bienes, cuyo deterioro por el uso intensivo requiere de una permanente renovación, así como la inclusión de nueva tecnología en materia de informática, proyección de imágenes y video, acceso a Internet, laboratorio de ciencias y demás elementos didácticos, serán adquiridos en el marco de la Ley de Financiamiento Educativo a la que esta Administración adhiere. Con referencia al cálculo de los recursos, hemos tomado como criterio de estimación la evolución de los ingresos en materia de Coparticipación de Impuesto, según lo efectivamente transferido desde el régimen federal, aplicando la misma pauta de crecimiento que estimó el Gobierno Nacional que ronda el 11%. Las regalías han sido valuadas según la evolución de este recurso, considerando los reclamos pendientes de pago por diferencias de tipo de cambio o valor de exportación de gas y gasolina, parte de cuya deuda ya hemos cobrado merced a la firme decisión de ejecutar la deuda tributaria del sector petrolero. Los recursos provinciales, cuentan con una pauta de incremento que están en íntima relación con el crecimiento de la actividad económica y la incidencia de la inflación en las ventas mayoristas y minoristas. Así también, estimamos en forma muy prudente el efecto que se operará en la recaudación al momento de la aprobación de la reforma al Código Fiscal y la Ley Tributaria, la que elimina el beneficio de Tasa Cero a varias actividades industriales, extractivas y de servicios, que se han consolidado y hoy ya no necesitan de esta promoción fiscal. Respecto de los recursos no tributarios, tasas y tarifas, así como los recursos de capital, hemos respetado las estimaciones realizadas por los organismos recaudadores, así como las administraciones centralizadas. Con relación al financiamiento, se podrán ver reflejadas en el esquema, las facultades otorgadas para la toma de un crédito aprobado por Ley de esa Legislatura, que asegura el pago de los aguinaldos, cuya cancelación se está realizando en tiempo y forma con débito automático de las cuentas corrientes de esta Administración, así como aquella que ha permitido cancelar deuda con proveedores y contratistas. De manera de asegurar estos vencimientos de aguinaldo y contribuciones, y en virtud del estricto cumplimiento demostrado a la hora de sus cancelación, es que solicitamos extender esta autorización a lo largo del presente ejercicio en la mismas condiciones, lo que demuestra la decisión de no endeudar a la Provincia por encima del ejercicio en vigencia. También hemos previsto, la emisión de un bono de cancelación de deuda previsional o fideicomiso para el mismo fin, destinado a abonar en forma anticipada y en dinero en efectivo, dos años consecutivos de estos vencimientos y así capitalizar al régimen previsional, acción que se verá reflejada en la construcción de obras, el financiamiento de inversiones públicas o privadas, el otorgamiento de préstamos al personal de la administración y jubilados, y demás colocaciones que mejoren el perfil de rendimiento financiero que necesita el Ipauss. Este bono o fideicomiso, estará garantizado con la recaudación del denominado "impuesto al tabaco", el 10% de las regalías hidrocarburíferas, y demás activos físicos o financieros. Se estima un plazo de amortización de 7 años y una tasa altamente conveniente a favor de la renta que requiere el Ipauss para hacer rendir sus recursos mejor que colocándolos en operaciones de plazo fijo. Respecto del trámite de su emisión o constitución de esta herramienta finaciera, ya hemos avanzado en las consultas ante el Gobierno Nacional, el BCRA y otras entidades financieras que estarían dispuestas a participar o financiar dicha operación. A su vez, hemos previsto la gestión de un Programa de Asistencia Financiera PAF con el Gobierno Nacional, para reconvertir o cancelar deuda por aportes y contribuciones que han dejado otras gestiones, la deuda con Municipios y demás conceptos que requieren su cancelación a través de estos convenios de reprogramación. Dicho trámite se encuentra muy avanzado, habiendo cumplido con los requisitos formales y de evaluación de la operatoria, que se encuentra prevista el Presupuesto de la Nación como asistencia de reestructuración de deudas provinciales a través del Fondo Fiduciario de Desarrollo Financiero dependiente del Ministerio de Economía de la Nación. Respecto de los vencimientos de la deuda, tenemos que señalar que comienzan a operar este año las amortizaciones de capital e intereses de los préstamos tomados en gestiones anteriores a través del PFO ­ Programa de Financiamiento Ordenado y del Canje de la Deuda Provincial. Dichos vencimientos, que alcanzan junto con el resto de la deuda a más de $ 120 millones para el presente ejercicio, son de cancelación automática, ya que debitan directamente de los fondos coparticipables. Si sumamos estos vencimientos, más la Coparticipación a los Municipios, de casi $ 200 millones, más los gastos que derivan de la masa salarial de la Provincia, de $ 530 millones y considerando las transferencias a los demás Poderes, otros organismos, las Universidades y Colegios de Gestión Privada, que en total suman casi otros $ 200 millones, tenemos que sólo estos conceptos integran un total de $ 1.050 millones lo que representa casi el total del Presupuesto de la Administración Central. De allí la preocupación que hemos procurado transmitir al conjunto de la sociedad y que es compartido por el conjunto de la dirigencia política y los Sres. Legisladores, lo que nos obliga aún más a encontrar la herramientas financieras y la obtención de mayores recursos para arribar al equilibrio financiero, no incorporando más gastos a la Administración. Es por ello, que nos hemos comprometido en una cláusula del Presupuesto, a ejecutar "economías por no inversión" equivalentes al 20% de los créditos presupuestarios relevados de las distintas áreas en gastos de funcionamiento, esperando idéntico reflejo en los demás Poderes del Estado, en especial en el Poder Judicial cuyo incremento presupuestario implica una fuerte erogación para el Tesoro Provincial. Mismo comportamiento, esperamos de parte de los Municipios, que en su conjunto afectan el 25% de los recursos genuinos de la Provincia, al menos coparticipando los gastos que derivan del esfuerzo de recaudar y de las retenciones que se practican a los recursos federales producto de las operaciones de crédito que entre otros aspectos fueron aplicadas a garantizar el flujo normal de recursos a las Municipalidades a los largo de muchos años. Este principio de solidaridad fiscal, de ordenamiento de la finanzas provinciales, será garantía de cumplir el objetivo de asegurar el futuro de nuestra Provincia. Nuestra misión es exponer con claridad y máxima responsabilidad los efectos de muchos años de errores y desaciertos, que queremos corregir, convencido que es posible encauzar a la Provincia en la senda del crecimiento y la armonía social. Quedamos a disposición de esa Cámara Legislativa, para brindar toda la información complementaria, así como la asistencia de funcionarios y personal técnico, para ampliar según sus requerimientos los contenidos del Proyecto que se envía. Sin otro particular, saludo a Ud. con mi mayor consideración. SRA. VICEPRESIDENTE 1ª EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL LEG. D. ANGÉLICA GUZMÁN S/D.